Constituye una política pública. Es cuando el Estado determina exhibir u ofrecer información sobre su funcionamiento, a efecto de someterse al escrutinio público, siendo sujeto activo, es decir, realiza acciones para promover el conocimiento por parte de la sociedad respecto de su gestión.
Produce efectos como: contener a los funcionarios dentro de su función; fortalecer la confianza ciudadana; favorecer el consentimiento de la sociedad en las decisiones y acciones de gobierno; generar una sociedad más y mejor informada, y repercutir en el ejercicio de un voto más responsable.
Es ese diálogo que debe existir entre autoridades y gobernados, a través de las herramientas idóneas para ello. Un verdadero esquema de rendición de cuentas tiene tres dimensiones básicas: la obligación de los servidores públicos de informar sus decisiones; la obligación de dichos servidores públicos de justificarlas frente a los gobernados, y la posibilidad de la sanción por la violación a sus deberes públicos.
Produce efectos como: los ciudadanos se involucran en las actividades gubernamentales; produce un clima de inversión más confiable, reduce asimetrías originadas por privilegios informativos, y mejora el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos al obligarles a conducirse con mayor responsabilidad.
Derecho de Acceso a la Información
Es un derecho fundamental, además de una herramienta indispensable en un gobierno democrático e instrumento fundamental en una política de transparencia. El Estado es sujeto pasivo, pues debe permitir al sujeto activo (gobernado) ejercer su derecho.
Se caracteriza porque: no se requiere acreditar interés alguno; no se requiere justificar el uso que dará a la información; el ejercicio del derecho es gratuito; las autoridades son susceptibles de sanción si obstaculizan el ejercicio del derecho, y encuentra límites pero la clasificación de la información es una excepción.
Lo que se busca con la implementación de este Programa es fortalecer las prácticas y valores dentro de la función pública con un enfoque de gestión más abierto a la participación ciudadana, honesto, transparente y con una nueva vocación para rendir cuentas sobre las acciones y compromisos que se generen con la ciudadanía. Asimismo, se persigue una mejor coordinación entre las instancias responsables del combate a la corrupción.
Los seis objetivos estratégicos que se plantean en el Programa y que contribuyen a la alineación de los ejes institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 son:
-
Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas.
-
Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el desempeño de las instituciones.
-
Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y responsabilidad pública.
-
Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la corrupción y a la mejora de la transparencia y la legalidad.
-
Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal.
-
Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de las sanciones penales.
El programa establece una estrategia integral donde la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la cultura de la legalidad son elementos entrelazados de una política pública renovada de combate a la corrupción, que tiene como finalidad el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.
Este Programa, conjuntamente con las acciones del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) en la Administración Pública Federal, son un reto que se asume con carácter especial y de observancia obligatoria dentro de la Administración Pública Federal.